Noventa niñas dominicanas exploraban los secretos de la inteligencia artificial el 30 de abril, mientras las cancillerías de las siete economías más poderosas del planeta ultimaban un documento que llegaría semanas después: cómo evitar que esa misma tecnología se convierta en una trampa mortal para la infancia. La sincronía no es casual. Es el reflejo de una tensión global que atraviesa fronteras, sistemas educativos y modelos de desarrollo: ¿cómo garantizar que millones de menores accedan al universo tecnológico sin convertirse en víctimas de sus zonas más oscuras?

El 17 de junio, el G7 —ese club de naciones industrializadas que reúne a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón— aprobó una declaración conjunta que obliga a empresas tecnológicas y gobiernos a implementar sistemas de verificación de edad en plataformas digitales. La medida responde a una evidencia demoledora: redes sociales e inteligencia artificial generativa exponen a menores a contenido de abuso infantil, extremismo político y manipulaciones visuales conocidas como deepfakes, donde sus rostros pueden ser insertados en contextos pornográficos o violentos sin consentimiento alguno.

Dos velocidades, una misma urgencia

Lo que hace único este momento es que, por primera vez en décadas, la brecha entre el Norte Global y las economías emergentes no se manifiesta como indiferencia, sino como simultaneidad de esfuerzos. Mientras el G7 diseña arquitecturas regulatorias desde sus parlamentos, países como República Dominicana construyen respuestas desde la base: la educación.

La jornada «Niñas en las TIC» organizada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) —una organización feminista fundada en 1979— reunió a participantes de entre 9 y 18 años en el Museo de las Telecomunicaciones. No fue una actividad aislada. Detrás estaban el Centro Indotel, la ONG AGARESO, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y el Centro PSIA, especializado en ciberseguridad infantil. Esa articulación multiactoral revela algo que los protocolos del G7 aún no resuelven: la protección digital requiere ecosistemas institucionales complejos, no solamente leyes.

El doble filo de la inteligencia artificial

Para comprender la urgencia, hay que entender qué está en juego. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción de laboratorio: es la herramienta que autocompleta búsquedas, genera imágenes y escribe textos con apariencia humana. Pero también es el mecanismo que permite crear videos falsos de menores, difundir propaganda extremista adaptada algorítmicamente a perfiles juveniles, y recopilar datos de comportamiento infantil sin supervisión parental.

Los sistemas de verificación de edad que exige el G7 buscan cerrar esa puerta: impedir que un niño de 10 años acceda a plataformas diseñadas para adultos o que sus datos circulen sin filtros. Sin embargo, la implementación tecnológica choca con realidades desiguales. En países donde la identidad digital no está universalizada o donde el acceso a internet depende de cibercafés comunitarios, ¿cómo se verifica la edad sin excluir a quienes ya están al margen?

La brecha de género dentro de la brecha digital

El enfoque de CIPAF sobre niñas y adolescentes no es retórico. Datos de organizaciones internacionales muestran que las mujeres representan apenas el 28% de los graduados en carreras tecnológicas a nivel mundial, una cifra que desciende dramáticamente en América Latina y el Caribe. Esa exclusión temprana tiene consecuencias económicas —las profesiones tecnológicas están entre las mejor remuneradas— pero también políticas: si las mujeres no participan en el diseño de algoritmos, esos sistemas reproducen sesgos históricos de discriminación.

La iniciativa «Niñas en las TIC», promovida internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde 2011, busca romper ese círculo vicioso. Al exponer a 90 participantes a conceptos de inteligencia artificial, ciberseguridad y uso seguro de internet, se invierte en alfabetización crítica: no solo enseñar a usar tecnología, sino a cuestionarla, protegerse de ella y, eventualmente, transformarla.

Lo que el G7 no puede legislar

Aquí emerge la gran contradicción del modelo regulatorio que representan las economías avanzadas. El G7 puede imponer multas millonarias a corporaciones que incumplan estándares de protección infantil. Puede exigir transparencia algorítmica. Puede prohibir la recolección de datos biométricos de menores. Pero no puede decretar cultura digital.

Esa cultura se construye en espacios como el Museo de las Telecomunicaciones de Santo Domingo, donde niñas de nueve años descubren que la tecnología no es magia inaccesible sino lenguaje aprendible. Se construye cuando ministerios de Educación y Mujer coordinan políticas transversales que vinculan equidad de género con seguridad digital. Se construye cuando organizaciones con cuatro décadas de trayectoria feminista, como CIPAF, entienden que la lucha por los derechos ya no ocurre solo en las calles, sino en los servidores.

El riesgo de las soluciones importadas

La declaración del G7 establece que las empresas tecnológicas deben «priorizar la salud mental y privacidad de menores». Pero esas empresas operan bajo lógicas de mercado donde los países latinoamericanos son consumidores, no reguladores. Cuando Facebook, TikTok o Google ajustan sus algoritmos, lo hacen pensando en legislaciones europeas o estadounidenses, no en realidades donde el teléfono móvil es el único dispositivo de acceso y donde las familias carecen de herramientas para supervisar el uso infantil de pantallas.

Por eso la apuesta dominicana —y la de múltiples iniciativas regionales similares— no espera que la protección llegue desde Silicon Valley. Construye capacidades locales. El Centro PSIA, por ejemplo, especializa su trabajo en contextos donde la ciberseguridad debe dialogar con pobreza, migración y violencia de género, variables ausentes en los manuales europeos de protección infantil digital.

El calendario como declaración política

Que la jornada dominicana ocurriera mes y medio antes del comunicado del G7 no es detalle menor. Demuestra que la agenda de seguridad digital infantil ya no es monopolio del Norte Global. América Latina, África y Asia están produciendo modelos propios de alfabetización digital crítica, adaptados a sus ecosistemas institucionales y culturales.

La pregunta que queda abierta es si ambos caminos —el regulatorio desde arriba y el educativo desde abajo— lograrán encontrarse. Porque verificar edades sin educar es vigilancia. Y educar sin regular es ingenuidad. La protección real de la infancia digital requiere ambas dimensiones, y requiere que países con capacidades asimétricas dialoguen horizontalmente, no como receptores pasivos de estándares ajenos.

Noventa niñas en un museo de telecomunicaciones. Siete cancillerías redactando compromisos. Entre ambas escenas, el futuro de millones de menores que navegarán un mundo donde la tecnología puede ser herramienta de emancipación o instrumento de control. La diferencia la marcará si logramos construir protección con inclusión, seguridad con equidad. O si repetimos, en el universo digital, las mismas exclusiones del mundo analógico.