¿Qué sucede cuando un país pionero en tecnología energética decide abandonar su ventaja competitiva justo cuando el mundo más la necesita? España ofrece una respuesta inquietante: mientras la energía fotovoltaica se multiplicó por diez en ocho años, la termosolar permanece congelada en los mismos 2.300 megavatios de hace dos décadas. Esta paradoja no solo amenaza la estabilidad del sistema eléctrico español, sino que envía señales contradictorias a un mercado internacional que busca desesperadamente soluciones para el almacenamiento energético.

La factura oculta del boom renovable

Los números revelan una historia que pocos gobiernos europeos están dispuestos a contar. Entre 2018 y 2026, España instaló 46.700 megavatios adicionales de energía fotovoltaica, elevando su capacidad desde 4.800 MW hasta 51.500 MW. Sumando el autoconsumo fotovoltaico, el país incorporó más de 56.000 MW de nueva potencia solar en menos de una década.

Pero esta explosión renovable tiene un precio oculto que crece exponencialmente.

Los llamados «servicios de ajuste del sistema» —mecanismos para equilibrar oferta y demanda eléctrica— costaron 2.600 millones de euros en 2024. Para 2025, esta cifra se disparó a 4.000 millones, y las proyecciones apuntan a 6.000 millones de euros en 2026. En tres años, el coste se habrá multiplicado por 2,3.

Esta escalada no es casualidad. Refleja un problema estructural que otros países europeos observan con preocupación: la intermitencia de las renovables sin almacenamiento genera desequilibrios costosos que alguien debe pagar.

El dilema europeo del almacenamiento

Mientras España desatiende su potencial termosolar, Europa entera lucha contra el mismo desafío. La energía fotovoltaica produce electricidad solo cuando hay sol, creando picos de generación al mediodía y valles durante la noche. Sin sistemas de almacenamiento masivo, los operadores deben recurrir a costosos mecanismos de respaldo.

La tecnología termosolar ofrece una solución que pocos países dominan: la capacidad de almacenar energía térmica durante horas y generar electricidad cuando se necesite, no solo cuando el sol brilla. A diferencia de las baterías de litio —dependientes de materiales críticos controlados por China—, el almacenamiento termosolar utiliza sales fundidas, una tecnología madura y de recursos abundantes.

España desarrolló esta tecnología y la abandonó justo cuando podría exportarla al mundo.

La perspectiva internacional perdida

David Esteban Guitard, Presidente de Protermosolar y Vicepresidente de Atlantica Sustainable Infrastructure para EMEA y México, ha documentado las restricciones operacionales que enfrentan las plantas termosolares españolas. Mientras países como Chile, Marruecos y Estados Unidos expanden agresivamente sus programas termosolares, España mantiene congelada una capacidad instalada que no ha crecido desde principios de los 2000.

El contraste resulta revelador si analizamos las políticas energéticas comparadas. Estados Unidos aprobó incentivos masivos para tecnologías de almacenamiento en su Inflation Reduction Act. China, pese a liderar la manufactura fotovoltaica, invierte miles de millones en plantas termosolares para sus regiones desérticas. Marruecos construye el complejo termosolar más grande del mundo en Noor Ouarzazate.

España, que alberga la Plataforma Solar de Almería —donde trabaja el investigador distinguido Manuel Blanco— y centros de investigación como CENER, dirigido por Marcelino Sánchez González, posee la infraestructura de conocimiento que otros países envidian. Sin embargo, las políticas energéticas favorecen exclusivamente lo fotovoltaico.

El costo de la miopía política

Pablo de la Iglesia, Jefe de Área del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participa en mesas de análisis donde se discuten estos desequilibrios. Los datos oficiales que maneja su departamento confirman la tendencia: cada megavatio fotovoltaico adicional incrementa la necesidad de servicios de ajuste.

La matemática es implacable. Si los costes de ajuste crecen de 2.600 millones a 6.000 millones en solo dos años, España enfrentará una factura energética insostenible. Estos costes se trasladan a consumidores y empresas, erosionando la competitividad industrial que las renovables prometían reforzar.

Juan Manuel Medel García, Director Técnico de Exera Energía —operador de plantas termosolares—, conoce de primera mano las restricciones impuestas a esta tecnología. Su experiencia operacional evidencia cómo España desaprovecha activos que podrían reducir significativamente esos costosos servicios de ajuste.

Lecciones para el mercado global

El caso español se estudia internacionalmente como ejemplo de lo que no debe hacerse. Mercados emergentes como India, Australia y varios países africanos observan cómo la falta de diversificación tecnológica genera dependencias costosas.

La Agencia Internacional de Energía ha documentado que los sistemas eléctricos con alta penetración renovable necesitan tecnologías complementarias. La termosolar no compite con la fotovoltaica; la complementa proporcionando estabilidad y gestionabilidad.

Armando Paz, columnista de ESdiario, ha denunciado esta «negligencia regulatoria» que mantiene artificialmente deprimida una tecnología estratégica. Su análisis refleja una preocupación creciente entre expertos del sector: España está regalando su ventaja competitiva a competidores internacionales.

El futuro que se escapa

En noviembre de 2025, durante el evento GENERA, se celebró la jornada «Energía termosolar y descarbonización industrial». Allí se evidenció el potencial desaprovechado: la termosolar no solo genera electricidad, sino que puede suministrar calor industrial directo, descarbonizando sectores como cemento, acero y química.

Mientras España debate, otros actúan. El mercado internacional de energía termosolar crecerá exponencialmente en la próxima década, impulsado por la necesidad de almacenamiento a gran escala. Los países que desarrollen estas capacidades exportarán tecnología, conocimiento y equipos.

España tenía todo para liderar este mercado. Ahora corre el riesgo de convertirse en importador de una tecnología que ayudó a crear.

La pregunta ya no es técnica sino política: ¿seguirá España sacrificando su liderazgo tecnológico en el altar de la simplicidad regulatoria, o recuperará el equilibrio que su sistema energético —y su economía— necesitan urgentemente?