¿Qué esconde un encuentro sobre derechos digitales cuando sus propios organizadores mantienen en el anonimato a los 50 expertos que supuestamente definirán el futuro digital del país? El I Encuentro por los Derechos Digitales, programado para mayo de 2026 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública español, presenta una paradoja inquietante: un evento dedicado a la transparencia digital que opera desde la opacidad más absoluta.

La arquitectura del silencio institucional

Los documentos oficiales revelan una realidad desconcertante. Mientras el Ministerio para la Transformación Digital despliega un organigrama impecable —con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) como pilares fundamentales— la sustancia del encuentro permanece en las sombras.

Esta estructura ministerial, creada para gobernar la revolución digital española, maneja presupuestos millonarios destinados a inteligencia artificial y infraestructura de conectividad. Sin embargo, cuando se trata de revelar quiénes son esos «50 referentes en tecnología, ética y gobernanza digital», el ministerio guarda un silencio que contrasta violentamente con los principios de transparencia que predica.

El contexto europeo de los derechos digitales

Para comprender la magnitud de esta opacidad, es necesario situar el encuentro en su contexto continental. Europa lidera mundialmente la regulación de derechos digitales a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Servicios Digitales. España, como miembro fundacional de esta revolución normativa, debería ser un ejemplo de transparencia en estos procesos.

Los derechos digitales abarcan desde la protección de datos personales hasta el derecho al olvido, pasando por la neutralidad de la red y la inclusión digital. Cuando un gobierno convoca a expertos para debatir estos temas, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son esos expertos, qué intereses representan y bajo qué criterios fueron seleccionados.

La gobernanza digital no puede construirse desde las penumbras burocráticas. Requiere luz, escrutinio y participación ciudadana.

Los vacíos que revelan prioridades

La ausencia de información presupuestaria es particularmente reveladora. ¿Cuánto cuesta organizar un encuentro de esta envergadura? ¿Qué partida ministerial lo financia? Estas preguntas no son menores cuando hablamos de recursos públicos destinados a definir políticas que afectarán a millones de ciudadanos.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial maneja presupuestos que incluyen inversiones en infraestructura de datos, desarrollo de algoritmos gubernamentales y programas de alfabetización digital. Que no se especifique qué porción de estos recursos se destina al encuentro sobre derechos digitales sugiere una gestión que elude el escrutinio público.

El factor temporal: ¿por qué 2026?

La programación del encuentro para mayo de 2026 no es casual. Para entonces, Europa habrá implementado completamente la Ley de Inteligencia Artificial, y España deberá haber adaptado su marco regulatorio nacional. Los «50 referentes» anónimos estarán, presumiblemente, influyendo en decisiones que determinarán cómo los algoritmos gubernamentales procesarán datos ciudadanos, cómo se regulará la inteligencia artificial en el sector público y qué salvaguardas existirán contra la vigilancia digital.

Esta temporalidad convierte el encuentro en un momento bisagra. Las decisiones tomadas en esas jornadas podrían configurar el paisaje digital español durante décadas. La opacidad actual, por tanto, no es solo una falla procedimental: es una amenaza a la participación democrática en decisiones de alcance generacional.

Comparativa internacional: España frente al mundo

Mientras España organiza encuentros en la penumbra, otros países europeos han optado por la transparencia radical en sus procesos de gobernanza digital. Dinamarca publica en tiempo real las deliberaciones de sus comités de ética digital. Estonia hace públicos los algoritmos que utiliza su administración electrónica. Incluso Francia, tradicionalmente hermética en sus procesos burocráticos, ha abierto al escrutinio ciudadano sus debates sobre inteligencia artificial gubernamental.

Esta comparativa sitúa a España en una posición incómoda: el país que presume de liderar la transformación digital europea mantiene práticas de opacidad que recuerdan más a regímenes autoritarios que a democracias consolidadas.

Las preguntas que incomodan

¿Quiénes son realmente esos 50 expertos? ¿Representan al sector privado tecnológico, a la academia, a la sociedad civil, o son simplemente funcionarios ministeriales disfrazados de «referentes»? ¿Qué metodología se utilizó para su selección? ¿Hubo una convocatoria pública o se trató de designaciones a dedo?

Estas interrogantes no son caprichos periodísticos. En un contexto donde las grandes tecnológicas ejercen presión constante sobre los reguladores, donde los intereses corporativos intentan capturar las instituciones públicas, y donde la ciudadanía demanda mayor participación en las decisiones que afectan su vida digital, la transparencia no es una opción: es una obligación democrática.

El costo de la opacidad

La falta de transparencia en procesos de gobernanza digital tiene consecuencias que trascienden lo procedimental. Erosiona la confianza ciudadana, alimenta teorías conspirativas y, lo más grave, permite que intereses particulares capturen espacios que deberían ser de deliberación pública.

Cuando un ministerio convoca a expertos anónimos para debatir derechos que nos afectan a todos, cuando oculta presupuestos que pagamos entre todos, cuando planifica un futuro digital sin incluirnos en la conversación, no está solo violando principios de transparencia: está hipotecando la legitimidad de las decisiones que tome.

El I Encuentro por los Derechos Digitales puede ser una oportunidad histórica para situar a España a la vanguardia de la gobernanza digital democrática. Pero solo si abandona las sombras y abraza la luz que predica. Los ciudadanos españoles, y la comunidad internacional que observa, merecen saber quién decide sobre su futuro digital. Y merecen participar en esa decisión.